El abogado Luis Altamirano Marín, de 32 años, fue detenido este viernes en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, acusado de integrar una red de abuso sexual infantil que ya tiene como implicado al productor televisivo Marcelo Corazza. La causa, que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo, se encuentra en plena etapa de instrucción y apunta a una organización delictiva de alcance nacional con ramificaciones en ámbitos políticos, sociales y mediáticos.
El operativo se llevó a cabo en la intersección de las calles Libertad y Neuquén, con la participación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Policía de Misiones y efectivos de Gendarmería Nacional. Durante el allanamiento a la vivienda de Altamirano Marín, los agentes secuestraron dos pendrives y un teléfono celular, los cuales serán sometidos a peritajes técnicos para determinar si contienen material relacionado con abusos sexuales o comunicaciones con otros integrantes de la red.
Altamirano Marín ocupaba un rol activo en el Foro de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde había sido electo prosecretario en 2024 tras desempeñarse como coordinador ambiental. Según fuentes judiciales, mantenía contacto frecuente con adolescentes en el marco de charlas y talleres orientados a la juventud, lo que agrava la acusación en su contra. Además, tenía vínculos laborales con la Municipalidad de Oberá, donde colaboraba en temas vinculados al medioambiente.
Las autoridades provinciales han expresado su preocupación por el caso, ya que el acusado formaba parte de espacios con fuerte llegada a la comunidad joven. La situación se vuelve aún más delicada por la posible existencia de otros implicados en cargos públicos o sociales.
Este arresto se suma a una serie de detenciones que comenzaron en marzo de 2023, cuando fue capturado Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, también en Oberá, acusado de trasladar menores a Buenos Aires para someterlos a explotación sexual. La causa también involucra a Marcelo Corazza, Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar, todos procesados por corrupción de menores y explotación sexual.
La investigación federal indica que esta red habría comenzado a operar en 1999 y estaría estructurada como una organización delictiva dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, especialmente de menores. Las pruebas recolectadas en distintos allanamientos —entre ellas, imágenes y videos de abuso infantil— han sido fundamentales para el avance de la causa y la imputación de los detenidos.
(Misiones Cuatro).