Si hay una imagen que sintetiza la resignación del Estado frente al avance del narcotráfico es aquella que muestra a las comisarías con vallas blindadas. Aparece como primera reacción ante esta postal la sorpresa, recargada de sentido común: si una seccional policial debe blindarse, donde hay efectivos policiales armados y en teoría preparados para enfrentar delincuentes, qué queda para los ciudadanos comunes. La situación lleva a naturalizar situaciones que eran impensables y que disparan preguntas: con atentados poco premeditados y sofisticados los grupos narcos dejan expuesto que las fuerzas de seguridad transitan por la misma rusticidad y escasa preparación.
El resultado es que Rosario, una ciudad que suma de manera permanente cicatrices en su trama urbana por los balazos, ya no sabe qué blindar, porque todo puede ser blanco de los disparos, canales de TV, cárceles, tribunales federales, provinciales, el Centro de Justicia Penal, escuelas, casas, negocios, entre otros. El fenómeno comenzó a fines de mayo de 2018, cuando Ariel Guille Cantero, líder de Los Monos, fue trasladado desde la cárcel de Piñero a la Unidad Penal Nº7, en Resistencia, por orden de la justicia federal. El líder narco pensaba que se iban a complicar sus negocios, porque –en teoría- iba a tener mayores controles en esa unidad penitenciaria en Chaco. Ordenó balear las casas de los magistrados provinciales y los edificios de la justicia provincial, entre ellos el Centro de Justicia Penal. En setiembre de 2021 fue condenado a 22 años por tramar siete de los diez ataques.
Desde ese momento quedó en claro que con poca logística y dinero –un soldadito en moto y con una pistola y sin necesidad de tener demasiada puntería- se podía causar mucho daño al Estado. Provocar terror. Ese método comenzó a ser utilizado por otras organizaciones criminales, y el mensaje “con la mafia no se jode” se transformó en un lema que se puede usar también para obtener dinero, por ejemplo, con extorsiones. Estos fenómenos criminales se multiplican cuando el Estado no logra poner un límite.
Durante casi dos años el Centro de Justicia Penal estuvo cercado por fuerzas federales y por vallas similares a las que se instalaron ahora en tres comisarías de Empalme Graneros y Ludueña. La postal pasó a ser algo natural en el barrio. El prestigioso arquitecto Mario Corea que diseñó el edificio durante la gestión del socialismo no había tenido en cuenta que las fachadas vidriadas podían ser un imán para las balas de los grupos narco.
Con las comisarías pasó algo similar. Se “modernizaron” las fachadas de algunas comisarías en esa gestión y se decidió instalar paredes de blindex para mostrar cierto aire renovador y moderno en las secciones, siempre deterioradas y oscuras. ¿Quién iba a pensar que las sedes policiales iban a ser baleadas?
Del blindex se pasó ahora a las vallas blindadas. Eso parece un símbolo del problema que se enfrenta hoy. Se instó una protección contra las balas en tres dependencias: las seccionales 15, 24 y 20, en Ludueña y Empalme Graneros, los barrios del oeste de Rosario más golpeados por la violencia.
En los últimos tres meses seis comisarías y dependencias policiales fueron atacadas en Rosario, a pesar de que llegaron a Rosario 400 nuevos efectivos federales que se sumaron a los 1100 que estaban desplegados. El miércoles pasado a la madrugada se produjo un nuevo atentado. En este caso el blanco fue la comisaría 15, en la zona sur de esta ciudad, donde dos soldaditos ligados a la banda de Los Monos arrojaron una bomba molotov y quemaron una camioneta de la Policía de Acción Táctica (PAT) que estaba estacionada frente a la seccional.
Se presume que el atentado estuvo vinculado a Uriel Luciano Cantero, líder de la nueva generación de Los Monos. Este joven de 20 años es el hijo de Claudio “Pájaro” Cantero y sobrino de Guille. Un soldadito que trabaja para él, Mirko González, está detenido en esa seccional que históricamente manejó su familia. En 2013 su tío cambió un preso por 35.000 pesos. Estaba detenido allí Leandro Vilches, lugarteniente de Guille, que debía salir en libertad. Entonces, Los Monos pagaron una coima para que saliera en libertad y su lugar en el calabozo lo ocupó otro chico. Para esa misión de cambio de reclusos fue clave la intervención de Juan Maciel, un policía que trabajaba para la banda. Pero ahora los tiempos parecen haber cambiado y no todo es tan sencillo.
Por eso, el miércoles pasado los atacantes dejaron un mensaje en la seccional 15 que estaba dirigido a los policías que trabajan allí y que hacía referencia a supuestos hechos de corrupción, de supuesto cobro de peaje a los delincuentes. La camioneta quedó totalmente destruida por las llamas, que fueron provocadas por una bomba molotov que fue lanzada por dos jóvenes cerca de las 3 de la madrugada. Ninguno de los atacantes fue detenido, un rasgo que se repite en la mayoría de los casos y que plantea la paradoja de que los propios agentes que son atacados no logren aprehender a los autores. En uno de los hechos que ocurrió a mediados de febrero, el autor del atentado se movía en bicicleta y tampoco pudo ser encarcelado.
Fuentes policiales indicaron que la camioneta de la PAT, una Volkswagen Amarok, se encontraba allí porque efectivos de esa repartición habían llegado hasta la seccional para entregar el acta de un procedimiento que habían realizado en esa jurisdicción.
Desconocidos que circulaban en un auto arrojaron una bomba molotov contra una camioneta de la Policía de Acción Táctica (PAT) que estaba estacionada frente a una comisaria en la zona sur de la ciudad de Rosario.
Es una constante desde este año que las comisarías de Rosario se transformaron en un blanco de los ataques narco. Desde febrero se produjeron seis atentados contra comisarías y el edificio de un distrito municipal, uno de ellos, con esta modalidad de utilizar bombas incendiarias.
El 13 de febrero pasado a la madrugada fue blanco de tiros de calibre pistola 9 mm la sede de la Policía Comunitaria, ubicada en barrio Acindar, la zona sur de Rosario. Según fuentes policiales, cerca de las cuatro de la madrugada un hombre en moto disparó contra el edificio y dejó una nota, con una amenaza contra el Servicio Penitenciario de Santa Fe.
El lugar atacado estaba previsto que se convirtiera en una estación policial, que agrupara a varias secciones, pero ese proyecto quedó trunco.
La preocupación por los ataques a las comisarias es cada vez mayor, sobre todo por la sucesión de balaceras contra las dependencias policiales. Esta situación se suma a la muerte del agente Ricardo Medini, que fue alcanzado por disparos cuando se encontraba realizando tareas de custodia adicional en un boliche en el barrio de Fisherton Norte. En ese ataque también falleció a un joven Adrián Jones, que se encontraba en la puerta del cantobar cuando desde un auto dispararon ráfagas de tiros. Se secuestraron 37 vainas en el lugar. También se produjeron ataques contra policías el fin de semana pasado en la puerta de un boliche en Capitán Bermúdez.
El clima de violencia extrema que se acentuó durante febrero provocó una crisis política en la gestión del gobernador Omar Perotti, que cambió el manejo de la seguridad, al despedir al anterior ministro, el excomisario Rubén Rimoldi y reemplazarlo por Claudio Brilloni. A principios de marzo se produjo el desborde social en el barrio Los Pumitas, tras el crimen de Máximo Gerez, de 12 años, que terminó con los vecinos destrozando los búnkeres donde se vendía droga. Eso aceleró un nuevo refuerzo de efectivos federales. Llegaron 400 gendarmes y policías federales para incrementar los operativos en territorios más complejos, atravesados por la violencia narco. Los homicidios empezaron a decrecer pero los atentados y extorsiones no dan tregua, como los ataques a las dependencias policiales.
Se produjeron seis ataques a comisarías, dos de ellos con bombas molotov y cuatro a balazos. Hubo tres ataques con bombas incendiarias a sindicatos. El último atentado fue al distrito municipal Sudoeste, donde dispararon cuatro tiros contra el frente de una dependencia, que el intendente de Rosario Pablo Javkin, había cedido para que funcionara una comisaría. Y también las balaceras contra bancos. Se produjeron cuatro en los últimos dos meses.
A principios de febrero, cuando se produjo una balacera en el distrito sur de la intendencia, no había ni un solo policía, sólo los guardias de seguridad privada que había contratado el municipio. Horas después de que asumiera Brilloni se produjo otro ataque a balazos con la misma metodología. Fue baleada una sucursal del Banco de Santa Fe en la zona sur de Rosario. Un hombre en moto disparó siete tiros contra el blindex del local, donde se encuentran los cajeros. Nadie resultó herido. Uno de los atacantes dejó una bolsa con una nota, que se presume es un nuevo mensaje mafioso.
(Aire de Santa Fe).